El extenso debate de la Ley Bases generó todo tipo de cruces entre la oposición dura, encabezada por el peronismo y la izquierda, y los bloques “dialoguistas” que quieren darle al Gobierno su primera gran victoria legislativa, con el acompañamiento del megaproyecto que fracasó hace algunos meses y ahora llegó modificada al recinto.
Los cuatro peronistas entrerrianos, miembros del bloque Unión por la Patria, se mostraron muy críticos de la iniciativa: Gustavo Bordet, Carolina Gaillard (que protagonizó un fuerte cruce con Martín Menem y Karina Banfi), Blanca Osuna y Tomás Ledesma manifestaron su rechazo al proyecto.
“Ha parecido un plebiscito de los gobiernos del peronismo y los últimos años. Muy poco se los escuchó hablar del desarrollo de la ley y estaría bueno que pongan sobre la mesa una iniciativa. Es una historia repetida, una radiografia de la Argentina del 2000 y 2001, donde estaba todo privatizado, los trabajadores y el mercado laboral, flexiblizado; donde los jubilados recibían golpes todos los días, donde el déficit cero fue una realidad y sabemos cómo terminó. Digan las cosas como son, den la cara”, cuestionó Ledesma.
“La idea del sufrimiento necesario es una falacia y una mentira. Lo decimos desde la responsabilidad de nuestros aciertos, nuestros errores y con la certeza de que vamos a resistir y vamos a oponernos a estas embestidas que van contra el pueblo”, agregó el diputado entrerriano.
Gaillard, por su parte, indicó: “Nuestra responsabilidad es con los trabajadores, con los docentes, con los estudiantes. Tengo la conciencia tranquila de que nunca voté una ley que perjudique al pueblo y siempre defendí la soberanía. El gobierno debe honrar al pueblo trabajador y está sucediendo todo lo contrario. Esta ley privilegia a un sector minoritario de empresarios que se van a ver beneficiados”.
Respecto a las facultades delegadas, uno de los puntos más polémicos de la ley, aseguró: “Lo que más me preocupa es la facultad para reorganizar administrativamente el Estado, con la facultad de eliminar organismos o su transferencia a las provincias. Es grave porque hubo otras leyes de delegación, pero no se animaron a tanto”.
El diputado y exgobernador Gustavo Bordet fue otro que se mostró muy crítico: “Vemos con estupor cómo se lleva adelante un ajuste fiscal sin parangón en la historia, que está impactando sobre sectores populares, trabajadores, jubilados, docentes, colectivos culturales y mucho más. Sin embargo, cada vez que me tocó desempeñar cargos públicos como intendente o gobernador, siempre tuve como norte la salud de las cuentas. No somos negacionistas del equilibrio fiscal, pero se debe llegar con un programa, con planificación, progresividad, no con la brutalidad de ajustar cuentas a expensas de la clase media”.
“Este esfuerzo y este ajuste no tiene sostenibilidad en el tiempo, porque en algún momento habrá que pagar obligaciones contenidas. Con eso, volverá el déficit y volverá la inflación”, destacó el entrerriano.
Por otro lado, consideró que el paquete fiscal “premia a grandes evasores, con moratorias y blanqueos” y “cambia la matriz impositiva, con un Estado que deja de recaudar en Bienes Personales y se recauda con Impuesto a las Ganancias. Se premia al que más tiene y se castiga al que menos tiene”.
Blanca Osuna, por su parte, expresó: “Estamos delegando facultades a quien odia el Estado. La posición de rechazo tiene que ver con un modelo de país que cercena derechos, que otorga beneficios a grandes empresarios, suprime derechos de mujeres y promueve un industricidio. El capítulo de Educación no está, pero hay cuestiones vinculadas que no pueden pasar desapercibidas. Se otorgan facilidades para, entre otras empresas, privatizar Educar Sociedad del Estado, creada por la Ley de Educación Nacional. Además se puede eliminar el Fondo Fiduciario del Progresar y se puede intervenir la Coneau -Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria-, que abre el interrogante sobre la tendencia de ir hacia un modelo de certificación de carrera paga”.